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04/04/2020
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"NO SE TRATA SÓLO DE MIGRANTES"

“La injusticia los obliga a atravesar desiertos y mares, transformados en cementerios. La injusticia los fuerza a sufrir abusos indecibles, esclavitudes de todo tipo y torturas en campos de detención inhumanos. La injusticia les niega lugares donde podrían tener esperanza de una vida digna y les hace encontrar muros de indiferencia”. Santo Padre Francisco

Hoy en día vivimos en un mundo donde existe una “globalización de la indiferencia”, que no cesa de poner en peligro a la humanidad. Donde vemos que las injusticias y discriminaciones se suceden, donde son los más desfavorecidos quienes realmente sufren más las consecuencias de esta “indiferencia”.

Cientos de miles de mujeres, hombre y en particular niños, son hoy en día parte de una migración que el Papa Francisco la calificó en el 2017 “como una crisis humanitaria” donde miles de personas se veían “forzadas a huir de sus países en busca de una vida mejor”. Desde una perspectiva cristiana, mientras no sea superada esta “indiferencia” y no se logre alcanzar un verdadero desarrollo integral y sustentable, en los países de donde los migrantes huyen, que les facilite a los pueblos vivir y trabajar con dignidad, las migraciones no tendrán fin.

Para el Papa Francisco hace falta “promover el desarrollo humano integral” en los países donde los migrantes no puedan vivir con dignidad. Afirmando que: “La promoción humana de los migrantes y de sus familias comienza en las comunidades de origen, allí donde debe ser garantizado, junto al derecho de poder emigrar, también el derecho de no deber emigrar, es decir, de encontrar en la patria las condiciones que permitan una digna realización de la existencia”.

Sin embargo, hoy en día, en muchos de los países de América Latina y el Caribe, se está muy lejos de que exista un compromiso responsable de “promover el desarrollo humano integral”. Empeorándose la situación en algunos de Centro América, América del Sur y el Caribe, dada la no existencia de un verdadero “Estado de Derecho” que garantice los derechos fundamentales de la persona humana. Obligando así a que los seres humanos escapen de sus propias realidades en la búsqueda de poder vivir y trabajar con dignidad.

Si bien es verdad de que algunas personas emigran en la búsqueda de nuevas oportunidades económicas y nuevos horizontes, es verdad también que muchas “otras lo hacen para escapar de los conflictos armados, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la persecución, el terrorismo o las violaciones y abusos de los derechos humanos” , así como también desastres naturales.

Al aprobar en el 2016 la “Declaración de New York”, la Asamblea General de la ONU, veía entre otros problemas, que en muchas partes del mundo se observaban con gran preocupación “respuestas cada vez más xenófobas y racistas ante los refugiados y los migrantes”. Pese a que en los documentos que conforman la “Carta Internacional de Derechos Humanos” de la ONU, se reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y que en virtud del derecho internacional se prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Lamentablemente estas respuestas “xenófobas y racistas” y las actitudes que se corresponden con ellas han llegado a los EE.UU. Actitudes que si bien han existido desde siempre, se han incrementado y hechas más virulentas a partir del 2016, con los cambios en las políticas sobre inmigración de la actual la Administración del Presidente Trump. Facilitando así, que todas las medidas antiinmigrantes que se han implementado, sean justificadas y vistas con buenos ojos por un gran número de estadounidenses, incluyendo a algunos católicos y de otras denominaciones cristianas.

La actual Administración y los que justifican estas políticas antiinmigrantes, ignoran el compromiso asumido con la “Declaración de New York” por los países que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluyendo a los EE.UU., donde los firmantes declararon que “Reafirmamos, y protegeremos plenamente, los derechos de todos los refugiados y migrantes”. Asegurando que “garantizaremos que se dé a todas las personas que llegan a nuestros países, en particular las que formen parte de grandes desplazamientos, ya sean refugiados o migrantes, una acogida rápida, respetuosa, humana y digna, que se centre en las personas y tenga en cuenta las cuestiones de género. Garantizaremos también el pleno respeto y la protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

Desde otra perspectiva el papa Francisco ha planteado que se necesitan cuatro “piedras angulares para la acción” para permitir a migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y víctimas de trata la oportunidad de encontrar la paz. Ellas son: “1) Acoger, que llama a “ampliar las posibilidades de entrada legal” y un mejor equilibrio entre la seguridad nacional y las preocupaciones fundamentales en materia de derechos humanos; 2) Proteger, o reconocer y defender “la dignidad inviolable de los que huyen”; 3) Promover, que implica “apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes y refugiados”, y 4) Integrar, permitiendo que los migrantes y refugiados “participen plenamente en la vida de la sociedad que les acoge”.

Si bien estos compromisos establecidos en la “Declaración de New York” y las recomendaciones de la Iglesia no son atendidos en la medida que se hace necesario, mientras, el numero de las víctimas que sufren las injusticias que se están cometiendo, sigue en aumento. En este panorama la situación de los que han sido detenidos ha causado alarma y es particularmente preocupante la situación de los niños y las niñas que han sido detenidos al cruzar la frontera que separa México a los EE.UU.

En el mes de julio de 2019, las condiciones extremas en los centros en los que los inmigrantes permanecen detenidos fueron dadas a conocer por el propio gobierno estadounidense. En un informe oficial de la Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), publicado en esa fecha, alerta de que la situación es “peligrosa” por el hacinamiento de los inmigrantes y el largo periodo que permanecen detenidos en estos lugares. “El propósito de este informe es comunicarle cuestiones urgentes que requieren acciones inmediatas”, escribió el Inspector General. Agregando que “Hemos observado un hacinamiento grave y detención prolongada de menores inmigrantes no acompañados, familias y adultos solos”.

Por los centros de detención para los inmigrantes han pasado o se encuentran todavía en ellos alrededor de 13,000 niños y niñas. Durante la visita de la oficina del Inspector General en el mes de junio de 2019, había 2,669 menores de edad, de los cuales el 31% llevaban detenidos más de 72 horas, según el informe oficial. Lo cual es una violación flagrante de los límites legales para mantener detenidos a menores de edad, según están fijados en un precedente judicial llamado acuerdo Flores. Muchos son los informes y las denuncias no gubernamentales, sobre la falta de respeto a su dignidad y de garantías para la salud y el bienestar de estos niños y niñas.

Alrededor de estos centros de detención para los menores o “refugios para la edad temprana” como los ha llamado la Administración del Presidente Trump, lenguaje que trata de ocultar la realidad acerca del negocio de detener niños y niñas en lugares administrados por las mismas compañías privadas que operan prisiones. Un negocio que les reporta miles de millones de dólares según sus propios reportes financieros a sus accionistas y cuyas acciones vieron su valor incrementado a partir de la llegada del Presidente Trump a la Casa Blanca, por su discurso y acciones de mano dura contra los inmigrantes y los refugiados.

A nivel internacional la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han expresado su enorme preocupación sobre la situación por la que pasan cientos de miles de niños y niñas, que se han visto desplazadas o obligadas a emigrar en distintas partes del mundo. Más de la mitad de los refugiados del mundo son niños. La ACNUR afirma que “los niños, en razón de su edad, condición social y estado de desarrollo físico y mental, son más vulnerables que los adultos en situaciones de desplazamiento forzoso”. Reconociendo en sus principios que los Estados “deberían de abstenerse de detener niños y hacerlo únicamente como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda, teniendo en cuenta al mismo tiempo el interés superior del niño”.

Como podemos ver “No se trata solo de migrantes”, se trata de seres humanos, de niños y niñas refugiados que han estado expuestos a un desplazamiento forzoso y prolongado, expuestos por la fuerza a riesgos de lesiones físicas y psicológicas, explotación y en muchos casos muerte. Seres que en ocasiones han sido los propios padres los que han preferido enviarlos solos a un país de refugio. Niños y niñas a los que en muchas situaciones el derecho universal al respeto a su dignidad plena no se les reconoce. Por ser menores nuestra obligación de acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos es un compromiso al que estamos obligados como cristianos.

Pero este compromiso con los niños y las niñas que han entrado a los EE.UU. sin sus padres, contempla también luchar para que se amplíen las posibilidades reales de una entrada legal, que les permita reunirse con sus hijos y vivir nuevamente en familia, para así encontrar la verdadera paz. Sin embargo, también tenemos que tener el compromiso para terminar con lo que llamamos al principio la “globalización de la indiferencia” para que se logre alcanzar un verdadero Estado de Derecho, con un desarrollo integral y sustentable en los países de donde las familias huyen, que les permita a los padres y a los hijos vivir y trabajar con dignidad, y no verse forzados a emigrar.

Tomado de: El Ignaciano (Año 3, no.1, marzo 2020),  una publicación del Instituto Jesuita Pedro Arrupe (IJPA) y del Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI).